Sapas se prepara para la aplicación de “Crea y Crece”, la nueva normativa de facturación electrónica
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó el pasado 15 de junio el borrador del reglamento del Proyecto de Real Decreto con los requisitos técnicos de la factura electrónica, de la nueva Ley "Crea y Crece". La fecha exacta de aprobación del reglamento se desconoce pero sí sabemos que tendrá una gran afectación en la operativa de nuestras organizaciones, por lo que Sapas ya se está preparando para cuando finalmente se apruebe dicho reglamento.
Sapas está especialmente sensibilizada con el cambio ya que dispone de una importante base instalada que utilizan nuestros desarrollos de factura electrónica integrada en SAP, tanto para la emisión como para la recepción de facturas, como nuestra solución Sapasfact que también incorpora procesos de gestión documental de todo el proceso de relación con proveedores. Sapasfact utiliza un conector automático de facturas en formato FACTURAe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se prevé se convierta en uno de los estándares en el despliegue de la norma.
Según el borrador consultado, el sistema español de factura electrónica estará compuesto por el conjunto de plataformas de intercambio de facturas electrónicas de carácter privado y por una solución pública que cumplirá además la función de repositorio de facturas, y que será gestionada por la AEAT. Todos los emisores de factura electrónica, estarán obligados a remitir una copia fiel de cada factura en la sintaxis Facturae a la citada solución pública.
Adicionalmente las empresas deberán mantener disponible su facturación durante un período de cuatro años, y guardar todos sus datos personales en su haber, con el objetivo de garantizar una mayor trazabilidad y control de pagos. También será posible obtener información sistemática de los plazos reales de pago, con el objetivo de reducir la morosidad comercial y dotar de transparencia al sistema.
La norma comenzará a aplicarse en el plazo de un año a partir de su desarrollo reglamentario para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros. Para el resto, será de dos años.